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En otra audiencia conciliatoria el Municipio presentó un nuevo pedido para sustituir los 48 millones de pesos embargados por propiedades públicas, en medio de la cuestionada medida judicial que mantiene "congeladas" las cuentas comunales
En el marco de la medida judicial que embargó cuentas de la Comuna por $48 millones de pesos, se celebró hoy una nueva audiencia conciliatoria en la que no hubo acuerdo.
Durante la audiencia, el intendente Julio Garró conoció una nueva resolución de la jueza que rechaza su propuesta de sustituir el embargo de las cuentas por el del predio del Parque Industrial II. Por eso, acuciada por el impedimento de disponer de los fondos para el pago de proveedores y ejecución de obras, la municipalidad presentó hoy el ofrecimiento de otros cinco predios públicos, a fin de poder utilizar las cuentas “congeladas”.
El requerimiento se hace en atención al planteo de ilegalidad que reviste la medida de embargar cuentas públicas destinadas al pago de servicios municipales, establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y ratificado por vasta jurisprudencia.
Pero, en la misma línea, la Comuna también apeló la medida cautelar debido a que traba un embargo sobre bienes en función de una pretensión judicial que no tiene sentencia.
Es que la decisión de la jueza Ventura, que es sobrina política del ex intendente y ministro de Justicia Julio Alak, se da en el marco de un juicio planteado por una organización que reclama el otorgamiento de publicidad oficial entre los años 2007 y 2014, y que fue dispuesta de forma preventiva, por las dudas de que en algún momento la municipalidad tuviese que pagar a raíz de esa pretensión judicial.
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Esa presentación se realizó el miércoles de la semana pasada y, tras haberse realizado las notificaciones, se cree que la causa podría llegar a manos de la Cámara entre el viernes y el lunes.
Los 48 millones de pesos embargados fueron calculados por Ventura por representar la mitad de los 84 millones que reclama la parte demandante que, sumado a daños, ascenderían a 105 millones de pesos, y que, como señaló Garro el lunes pasado, “es un monto que se determinó de forma arbitraria, sin que se hayan expedido los peritos contables porque el litigio aún está en período de prueba”.
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