Docentes agredidos: el desafío de volver al aula con miedo y angustia a cuestas

En mayo del 2011, Sandra Farías, una maestra de Colonia Urquiza, debió ser internada después de recibir una paliza de parte de un alumno de quinto grado. El tiempo pasó, pero algunas de las huellas de aquel ataque sobreviven hoy en la vida de Farías, quien después de algunos meses de licencia se reincorporó al trabajo en diciembre del mismo año en que sufrió la agresión.

“Me quedaron secuelas físicas: una lesión en la rodilla que me dificulta caminar. Nunca tuve problemas con los chicos ni con mis pares antes de aquel episodio ni después. Pero de alguna manera me afectó. De hecho hoy ya no estoy al frente de una clase, hago trabajo administrativo, aunque cuando me reincorporé dí clases por cuatro años. Tendría que ver hasta que punto tuvo que ver aquella agresión con el hecho de que hoy haga tareas administrativas”, dice Farías.

Pero una de las secuelas que más le dolió entonces a esta maestra platense fue la falta de respuesta específica del sistema educativo para los casos de los docentes agredidos.

“El sistema se ocupa del caso cuando ocurre, investiga un poco. Pero no se hace después un seguimiento del docente involucrado. No hay programas y no está prevista ningún tipo de contención”, dice Farías.

En su caso particular, tropezó con una situación que le generó mucho estrés y ansiedad, relata: “yo quería seguir trabajando en la escuela donde había ocurrido el hecho y donde trabajé muchos años. Pero la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) disponía que me cambien de escuela. Mi opinión no tenía ningún peso y tuve que hacer mucho esfuerzo para que finalmente se tuviera en cuenta y me dejaran seguir trabajando en mi escuela”, dice.

Su caso ilustra otra de las facetas relacionadas con la violencia escolar: el impacto que sigue al ataque y cómo cambia la vida de los docentes. Un problema que esta semana volvió a colocarse en el centro del debate tras las amenazas sufridas por dos profesoras de una escuela platense.

A María Marta Adam, una de las profesoras aludidas, que enseña Física en el Colegio San Cayetano, alguien le envió una carta con una bala para que lo aprobara en un examen recuperatorio. Le advertía que le iban a estar apuntando mientras tomara el examen y que eso se podía evitar si aprobaba a todos menos a los que entregaran en blanco y que le quemarían su casa si hacía la denuncia.

Se supo además, que, en la misma escuela anteriormente había recibido amenazas otra profesora, Mónica Stefan. La docente, que enseña Matemáticas, contó que estaba a punto de subir a su auto, estacionado a la vuelta del colegio situado en 44 entre 29 y 30, cuando “un chico de unos 16, 17 años con capucha y visera se acercó, me preguntó si yo era Mónica Stefan, le dije que sí, me dio una carta y salió corriendo. Alcancé a ver que lo esperaba en la esquina otro chico con el uniforme de la escuela”. Leyó la nota y volvió a la institución. “Se realizó la denuncia en la comisaría y el tema pasó a la fiscalía. Nunca me pusieron custodia. Estuve muy asustada, contenida por mi familia, amigos y los demás profesores del departamento de Matemática. El día 15 fuimos muchos más a tomar examen. Y en mi mesa aprobó solamente uno, otros entregaron en blanco y el resto desaprobó”, contó.

Stefan dijo sentirse shockeada por el hecho y hasta destacó: “no me imagino volviendo al aula”.

“No sé qué hacer. Tengo bronca, porque una entrega mucho en este trabajo, y le tocan a la familia, y se siente a la deriva. La verdad es que me estoy replanteando un montón de cosas. Estoy pasando un momento horrible y no me imagino volviendo al aula”, le dijo la última semana a este diario.

Estos episodios devolvieron al centro de la escena el problema de la violencia contra los docentes, un problema en cuyo origen los especialistas encuentran múltiples factores y que experimentó un importante crecimiento en los últimos años en consonancia con el aumento de las expresiones de agresividad y violencia en otros ámbitos de la sociedad.

Según los datos de un informe difundido por la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) a mediados del año pasado un docente es agredido verbalmente por día en escuelas de la Provincia, mientras tres son agredidos físicamente cada semana.

El trabajo determinó que las agresiones físicas que los docentes padecen son golpes, empujones, tomadas de cuello, tirones de cabello, cachetadas, trompadas o cortes con elementos. La violencia verbal tiene que ver con insultos, descalificaciones y amenazas.

Otra de las agresiones más comunes apunan a los autos de los docentes, con rayones o roturas de cubiertas.

El trabajo también destacó que esta situación repercute en los educadores generando síndrome de burn-out.

“El trabajador, por estas cuestiones que mellan su salud psíquica y mental termina con una sensación de baja realización personal y profesional”, indicaron fuentes gremiales al presentar el trabajo.

Al mismo tiempo, sobre “el día después” de ser víctimas de una agresión, se afirmaba, al presentar las conclusiones preliminares del trabajo, que “ese docente que vuelve a la escuela (después de una agresión) no es el mismo”.

causas

Con relación a las causas que se pueden encontrar detrás de la violencia que llega a la escuela, los especialistas coinciden en hablar de una multiplicidad de elementos.

Los especialistas destacan que cada hecho tiene características particulares y es necesario investigarlo para llegar hasta las causas y poder entender sus razones y prevenir otros casos similares.

Entre los factores que más mencionan para explicar la llegada de la violencia a las aulas destacan algunos, como la presencia de una agresividad que se palpita en distintos ámbitos de la sociedad y que llega a la escuela como un reflejo de lo que sucede afuera; la existencia de problemas del barrio donde se asienta la escuela que estallan dentro de los muros de ésta, que actúa como caja de resonancia y los conflictos intrafamiliares, que a veces aparecen de una manera similar a los barriales.

“Lamentablemente los docentes estamos atravesados por constantes situaciones de violencia, de las cuales las vinculadas con los alumnos son solo una expresión”, indicó este diario un educador platense que prefirió mantener su nombre en reserva.

Según consideró “es violento de por sí ingresar a un curso con 50 alumnos y que el Estado se niegue a desdoblarlo, o ingresar en una escuela que se cae a pedazos o enterarte que en un establecimiento donde se nota la necesidad se bajaron los cupos de comedor. El problema que puede darse con algún alumno, o grupo de alumnos, responde a situaciones sociales que de por sí son violentas y ante las cuales el Estado hace agua”, indicó antes de relatar una experiencia personal.

“En una ocasión me sucedió que un grupo de cinco alumnos estaban totalmente sacados en el aula, en esa escuela durante un par de meses fue imposible desarrollar una clase aún intentando diferentes estrategias. Lo cierto es que el problema no eran los chicos que evidenciaban acarrear problemáticas extremadamente difíciles desde afuera, sino la falta de resolución a los problemas sociales y en la escuela la falta de personal. En esos contextos lo mejor para alumnos y docentes es la presencia de equipos de orientación escolar (psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, etc.) para realizar un trabajo interdisciplinario. En esa escuela por reglamentación correspondía su designación, pero ni siquiera estaba nombrado el cargo de secretaría. El conjunto de estos problemas repercute gravemente en la salud laboral, son factores de stress.” sostuvo.

Mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades en el caso del Colegio San Cayetano, la inquietud por este tipo de episodios crece. E inspira a docentes que pasaron por este tipo de situaciones, como Sandra Farías, a pedir que se instrumenten programas para el acompañamiento de los maestros que sufrieron la violencia en carne propia.